El Gobierno en Consejo de Ministros ha probado una modificación normativa para mejorar la eficacia en la gestión de la cosecha en verde de la Intervención Sectorial Vitivinícola. De esta forma se posibilita que las comunidades autónomas ajusten lo máximo posible la gestión de la cosecha en verde a la estrategia y los objetivos específicos establecidos en su territorio.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que modifica la regulación de la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC), con el objeto de introducir disposiciones que permitan realizar algunos ajustes técnicos para mejorar la gestión de la cosecha en verde, uno de los tipos de intervención contemplados en la norma. La finalidad de esta modificación es obtener una mayor eficacia en la ejecución de los fondos asignados a la Intervención Sectorial Vitivinícola.

Tecnovino Mapa gestión de la cosecha en verde modificación normativa

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 20 de febrero, de la Resolución de la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios por la que se fija el presupuesto para la puesta en marcha de la cosecha en verde para el año 2024, se han realizado algunos ajustes técnicos en el texto del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, cuya modificación se ha aprobado a 12 de marzo de 2024, con el fin de mejorar la eficacia en su gestión. Así, el Ministerio de Agricultura señala que se habilita a las comunidades autónomas a facilitar lo máximo posible la gestión de la cosecha en verde a la estrategia y los objetivos específicos en su territorio.

Asuntos reformados

En lo relativo al tipo de intervención de inversiones en activos materiales e inmateriales de la Intervención Sectorial Vitivinícola se clarifica el concepto de pago intermedio, dentro de los procedimientos para el pago, a fin de garantizar una mayor seguridad jurídica.

Y concretamente se modifican aspectos en el ámbito de los requisitos de las solicitudes de ayuda, admisibilidad de los solicitantes, criterios de prioridad, en el cálculo de la cuantía y en el procedimiento específico del pago.