La European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) han puesto sobre la mesa la necesidad de que abran una negociación para solucionar la disputa comercial en la que el vino no se incluya en este conflicto entre la UE y los Estados Unidos.
EFOW y CECRV, que representan a las denominaciones de origen de vino a escala europea y nacional, respectivamente, han tomado parte en la consulta pública promovida por la Comisión Europea en relación con la lista de productos de Estados Unidos que sujetos a acciones de represalia debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre el acero y el aluminio. Ambas organizaciones abogan por una solución negociada que ponga fin a las tensiones comerciales, sin que para ello tenga que afectar la economía de sectores concretos, empresas y ciudadanía en general.
Con ambas respuestas, de forma coordinada, las denominaciones de origen han querido reiterarle a la Comisión, como también han hecho por carta a las direcciones generales de Agricultura y de Comercio del Ejecutivo Comunitario en los últimos días, la necesidad de que abran una negociación para solucionar esta disputa comercial y que el vino no sea incluido en el conflicto en curso entre la UE y los Estados Unidos.
Las denominaciones de origen se oponen firmemente a que tanto los vinos de EE.UU. como el bourbon se incluyan en la lista de productos objeto de contramedidas de la UE y así lo han hecho constar en su aportación a la consulta pública abierta por la Comisión.
Estados Unidos es uno de los mayores mercados de exportación de los vinos con DOP europeos y particularmente de los españoles, y el vino con denominación de origen es un motor económico clave para la agricultura europea y para la española. La viticultura desempeña un papel crucial en el desarrollo y la vitalidad de las zonas rurales de numerosas zonas de nuestro continente, también en la península ibérica, apoyando el empleo, el patrimonio cultural y las economías locales.
La imposición de aranceles de represalia sobre el vino tendría consecuencias dramáticas para el sector, ya que consideran que «aumentaría la incertidumbre económica, provocaría pérdidas significativas de ingresos y de puestos de trabajo y pondría freno a la inversión dentro del sector».
Precisamente Riccardo Ricci Curbastro, presidente de EFOW, pone el foco en que «el vino no debe ser moneda de cambio en conflictos ajenos a nuestro sector». Y añade: «hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que no sacrifique a los vinos europeos con IG adoptando una decisión necesaria, en este caso: excluir al vino y al bourbon del listado final de productos que estarían sujetos a medidas de represalia».
Por su parte, David Palacios Algarra, presidente de CECRV, se ha mostrado confiado en «que finalmente impere la sensatez y que las Administraciones europea y estadounidense busquen una solución negociada para evitar unos aranceles cruzados que perjudicarían las economías y sectores de las dos zonas, reduciendo los ingresos de nuestras empresas y mermando la capacidad de compra y el poder adquisitivo de la ciudadanía».
Tanto EFOW como CECRV mantienen su pleno compromiso de trabajar con las instituciones europeas y españolas para defender los intereses de las denominaciones de origen y garantizar la prosperidad del sector vitivinícola.
Por eso, ambas organizaciones consideran un signo positivo que la Comisión Europea haya decidido retrasar la fecha de la imposición de las primeras contramedidas, que hasta hoy estaba previsto que entraran en vigor el 1 de abril (las que están en fase de consulta son la segunda oleada de posibles aranceles, prevista para el 15 de abril) y que se van a aplazar durante 15 días, haciéndola coincidir con la fecha prevista para la entrada de las contramedidas adicionales.
