/p>>Bodegas Familiares de Rioja, ABRA y las Centenarias y Tradicionales de Rioja, representan a cerca de 300 bodegas, piden la suspensión de la extensión de norma propuesta por la OIVE al Ministerio de Agricultura.  Las tres asociaciones denuncian su exclusión y la obligatoriedad de pago de las cuotas para promocionar el consumo de vino genérico en contra de sus propios intereses y de los de Rioja.

La Asociación de Bodegas Familiares de Rioja (BFR), la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) y la Agrupación de Bodegas Centenarias y Tradicionales de Rioja (ABCTR) reclaman el rechazo de la propuesta de extensión de norma que la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para las próximas cinco campañas vitícolas (2019/2024).

En una comunicación conjunta, e inédita hasta la fecha, las tres asociaciones, que representan a cerca de 300 bodegas de Rioja, denuncian «el intento de nueva imposición de una cuota obligatoria a todas las bodegas españolas para atender a la presión y a los intereses de los grandes grupos bodegueros y cooperativas y financiar campañas de promoción de vino ‘genérico’, e incluso de derivados del mismo, que nada tiene que ver con la estrategia de promoción del vino vinculado al origen y al territorio como es el caso de Rioja».
La extensión de norma actualmente en vigor se aprobó en julio del año 2016, lo que se tradujo en la imposición de unas cuotas mensuales obligatorias a todas las bodegas de España que se están pagando desde agosto del 2016 y que se seguirán girando hasta julio del próximo año. Pese a la petición de amparo realizada mediante el envío de una carta oficial al ministro de Agricultura, Luis Planas, por parte de las Bodegas Familiares de Rioja no se ha producido ningún encuentro ni contacto con las pequeñas y medianas bodegas de Rioja, pero sí con la OIVE para renovar la extensión de norma para las próximas cinco campañas vitícolas.
En este sentido, las tres asociaciones denuncian que pese al intento de la OIVE, consciente de la polémica generada por la aplicación de las cuotas, de hacer ver a la opinión pública que éstas bajarán un 20% en realidad lo que hacen es incrementarse ya que se pasa de un periodo de extensión de norma de tres a cinco años.
En todo caso, las bodegas de Rioja representadas por estas tres asociaciones cuestionan la “doble imposición” que soportan al participar en la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) e imponer una segunda por parte de la OIVE cuando, además, sus intereses estratégicos son contradictorios: “Es un perjuicio no sólo económico el que se está causando a las bodegas de Rioja, ya que la promoción genérica del vino, e incluso de las sangrías y derivados, va en contra de la filosofía de promoción de la propia OIPVR, con estrategias ligadas al desarrollo territorial«.
Y subrayan: “Son precisamente las estrategias comerciales de consumo genérico, sin arraigo territorial alguno, las que provocan un grave problema a las bodegas de Rioja porque contribuyen a bajar los precios del vino y, por tanto de la uva, y nos hacen ser menos competitivos».

La OIVE fue creada por una orden ministerial en el año 2014 por decisión de las grandes asociaciones del sector comercial y productor español (Federación Española del Vino, Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG), a la que luego se sumó luego la Asociación Empresarial Vinos de España (granelistas), para la realización de acciones fundamentalmente de promoción del consumo de vino.
Desde estas tres organizaciones riojanas explican que sos años más tarde lograron, a través del mecanismo legal de ‘extensión de norma’, que la financiación de las acciones decididas por la OIVE fueran soportadas por todos los operadores de la rama comercial del país, independientemente de que estén o no representados, pero no así de la productora que participa en la OIVE. Hacen hincapié en que «por tanto, se da la paradoja de que las bodegas que no están interesadas en la promoción genérica, como las firmantes, han de pagar por una promoción que deciden, entre otros, las organizaciones agrarias, para quienes, al contrario, resulta gratuita».
Y señalan que en los estatutos fundacionales de la OIVE se impide la entrada a cualquier asociación bodeguera siempre que no acredite una comercialización mínima del 10% del vino español, «lo que en la práctica supone un ‘blindaje’ para que nadie, salvo los grandes grupos empresariales, puedan formar parte de la misma». Al margen del proceso judicial abierto por alguna bodega contra las cuotas, BFR, ABRA y ABCTR consideran que tanto la propia composición de la OIVE como la extensión de norma perjudica a las bodegas de Rioja y reclaman a las administraciones la suspensión de esta última propuesta para las campañas 2019/2024 y un cambio de la estrategia política, que apoye más a la pequeña y mediana bodega, a la calidad y al origen de los vinos, que a los grandes grupos empresariales y a los grandes productores de vino.
Y terminan el comunicado añadiendo que «tal y como quedó de manifiesto en la jornada celebrada en Logroño con la OIVE, el papel que nos queda a la gran mayoría de bodegas de Rioja con la extensión de norma es el de meros espectadores, sin ninguna capacidad de decisión ni tan siquiera de opinión, pero asumiendo el pago de cuotas obligatorias aun en contra de nuestros propios intereses».