El Consejo Regulador de Ribera del Duero alerta sobre la amenaza que suponen los proyectos de ganadería intensiva y plantas de biogás para la región.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen trabaja por garantizar el cumplimiento de su reglamento y pliego de condiciones que vela por la calidad de los vinos que elaboran las bodegas de Ribera del Duero. Pero no solo eso, también, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio natural y la identidad de la Ribera del Duero, se implica en aquellos temas que afectan o ponen en riesgo a bodegas y viticultores.
En este contexto, el Consejo Regulador de la Ribera del Duero manifiesta su preocupación ante la instalación de proyectos de ganadería intensiva y plantas de biogás de tratamiento de purines dentro de la zona de producción amparada por la Denominación de Origen, próximas a terrenos plantados de viñedo y junto a proyectos enoturísticos. Desde el órgano regulador se respetan aquellas iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de la zona, siempre y cuando su establecimiento no ponga en peligro la principal economía y forma de vida de la comarca: los proyectos en torno al vino y el enoturismo.
Ribera del Duero: una región vinícola de referencia a proteger
Ribera del Duero es una región vinícola de referencia nacional e internacional, siendo entre las rutas del vino la tercera más visitada de España, y cuenta entre sus atractivos con un rico patrimonio natural y monumental.
Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen señalan que «el entorno y el terruño son los elementos más valorados por el consumidor, una riqueza incuestionable que atrae además a prescriptores y prensa internacional, que diferencia a la región de otras zonas elaboradoras del mundo». Añaden que «las bodegas y viticultores cuidan y protegen el viñedo, invierten en su recuperación, en la conservación de viñas centenarias, e implantan sistemas naturales y sostenibles en pro de su principal fuente de vida y desarrollo».
Por ello, tanto el Consejo Regulador como los operadores inscritos de la Denominación, no entienden ni comparten que se establezcan instalaciones de ganadería intensiva y ni plantas de biogás, en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural. Explican que «ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vitivinícolas, a los que de alguna manera invaden, y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona». Además, destacan que hay terrenos donde podrían instalarse más viables.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen viene trabajando en la búsqueda de soluciones a la problemática derivada de la posible instalación de ese tipo de proyectos en territorios próximos a bodegas y viñedos, y lograr que se sienten unas bases que impidan su implantación.
Cuando las bodegas afectadas y otras asociaciones comunicaron al Consejo esta problemática, el órgano regulador se ofreció inmediatamente para colaborar en todo lo posible, acudiendo a los organismos públicos pertinentes, manteniendo reuniones con asociaciones de productores de ganado intensivo, encargando la elaboración de informes técnicos e instando a la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas a la que está vinculado) a que trasladara al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre de todos sus asociados, la preocupación extendida y compartida por diferentes denominaciones de origen de diversas zonas productivas ante la proliferación de proyectos en materia de energías renovables y macro granjas de ganado que afectan a viñedos, bodegas y paisajes emblemáticos e históricos que reportan enorme valor a sus zonas geográficas.
Hacen hincapié en que «la zona amparada por la DOP Ribera del Duero, que abarca una pequeña parte de la geografía regional, ofrece unas condiciones únicas y especialmente adecuadas para la producción de uva y la elaboración de vinos de excepcional calidad. Esta vinculación de la calidad de la producción con el territorio es de carácter esencial, no se puede obtener fuera de la zona amparada; los viticultores y bodegueros no obtendrían los mismos resultados en otros territorios, a diferencia de lo que sucede con las otras actividades, que no tienen vinculación con ningún territorio concreto y pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción».
Y añaden que «la implantación de industrias excluyentes, como son las mencionadas anteriormente, junto a otras instalaciones o cultivos ya operativos y consolidados que se verán desplazadas o directamente destruidas al no tener alternativas, no puede ampararse en el ejercicio del derecho de libertad de empresa, puesto que precisamente implica que el titular de la actividad excluyente prive a los demás del ejercicio de ese derecho. No se trata de una incompatibilidad en la que ambas partes están en pie de igualdad y se excluyen mutuamente, sino de una actividad que invade con sus emisiones el ámbito de la otra, impidiéndola continuar con su actividad, sólo porque normativamente pueden hacerlo».
Por todo ello, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen continuará defendiendo los intereses de sus viticultores y sus bodegueros ante las administraciones y las instancias que considere oportuno, con el objetivo de intentar evitar la degradación de la imagen de la región vitivinícola de Ribera del Duero. Considera «urgente evitar la instalación de cualquier proyecto que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona, que es además uno de los grandes motores de la economía de Castilla y León y un símbolo de la gastronomía y la cultura del país, y que no se puede deslocalizar».
Actualmente más de 300 bodegas forman parte de esta demarcación que aglutina más 26.000 hectáreas de viñedo a lo largo de la Ribera del Duero.
