Las denominaciones de origen de vino apoyan las demandas agrarias de los agricultores, apostando por políticas que aseguren la competitividad y el relevo generacional en la viticultura española. Además, proponen medidas concretas, como la modernización de infraestructuras y la reducción de la carga administrativa.

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, como organización representativa de las denominaciones de origen del vino del ámbito nacional, muestra su comprensión y apoyo hacia las demandas del sector agrario por parte de los agricultores y agricultoras en España, particularmente hacia los viticultores/as. Asimismo, la organización quiere dejar claro que las protestas que se vienen produciendo en las últimas semanas son legítimas, siempre que se produzcan desde el respeto a la legalidad, y que las medidas que demandan los trabajadores del sector agrario deben ser cuestiones profesionales, ajenas a cualquier otro interés.

La CECRV sostiene que las demandas del sector agrario deben ser abordadas con claridad y firmeza, comprometiéndose las Administraciones Públicas de diferentes niveles competenciales, tales como las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comisión Europea, a implementar medidas concretas.

La CECRV considera razonable y exigible que los productores agrarios en España (junto con los demás actores de la cadena alimentaria) no vendan a pérdidas. Asimismo, es fundamental que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones con los procedentes de países terceros, asegurar el relevo generacional y el futuro de la actividad agraria. También se requiere la modernización de las infraestructuras en las zonas rurales donde residen y trabajan, así como apoyarlos en la lucha contra los efectos del cambio climático, tanto en su mitigación como en su adaptación. También considera necesario reducir y simplificar la carga administrativa a la que se enfrentan los productores agrarios.

Demandas apoyadas por la CECRV

Así CECRV explica que apoya las siguientes demandas de los agricultores y en especial de los viticultores de nuestro país:

• Mejorar la aplicación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, para que se garantice su efectividad y su propósito: que ningún eslabón de la cadena venda por debajo de su coste de producción.

• Igualdad de condiciones con los productos agroalimentarios importados que se producen en terceros países. En defensa de los consumidores y para que haya una competencia leal entre los productos agroalimentarios de la Unión y los de esos países, todos deberían cumplir las mismas condiciones sanitarias, de calidad y medioambientales. Cabe asimismo extremar los controles sobre las importaciones de países extracomunitarios que no tienen los mismos requisitos medioambientales y sociales.

• Apostar de manera decidida por políticas que promuevan el relevo generacional en el campo. El campo debe ser atractivo para nuestros jóvenes. Y no lo parece. Por la falta de rentabilidad. Por la falta de infraestructuras y servicios que afectan a muchas zonas rurales. Y por la falta de reconocimiento social de la agricultura como actividad.

• Más flexibilidad, más formación y más ayudas para la implementación de aquellas medidas de la Política Agraria Común (PAC) y de las políticas de protección del medio ambiente puestas en marcha por la UE que supongan cambios relevantes en la forma de trabajar el campo.

• Racionalizar la carga administrativa y burocrática. Las administraciones públicas, tanto las autonómicas, como las nacionales y las de la UE, obligan a los profesionales del campo a proporcionar gran cantidad de información sobre la actividad que realizan, en múltiples formatos y de forma a menudo descoordinada y solapada.

Para lograr estos objetivos, desde CECRV valoran que es fundamental que las administraciones públicas intensifiquen sus esfuerzos para involucrar y obtener el consenso de los agricultores en la formulación de políticas públicas que les conciernen. Además, es crucial que la agricultura sea considerada una política de Estado, dado su carácter esencial y estratégico para la sociedad. Esta perspectiva debe adoptarse con una visión a largo plazo, basada en un modelo compartido por todos los actores involucrados. demandas del sector agrario