La destilación de crisis propuesta por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y que acordó con “una amplia mayoría de representantes del sector«, según fuentes del ministerio, tiene detractores en diversas organizaciones de la industria vitivinícola y agraria. En concreto, han alzado su voz en contra hasta el momento la Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha (VINOS CLM), Unión de Uniones, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Asociación Española del Vinagre.

El acuerdo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) con representantes del sector vitivinícola para realizar una destilación de crisis, consistente en una destilación obligatoria de cerca de 4 millones de hectolitros de vino (blanco y tinto) para usos industriales, no es plato de gusto para todos. La Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha (VINOS CLM), Unión de Uniones, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Asociación Española del Vinagre han mostrado su rechazo, puesto que lo ven como una penalización al sector.

La Asociación Empresarial Vitivinícola de CLM rechaza la destilación acordada a coste cero

La representación empresarial de la Asociación de Vinos de España, que reúne entre otras a las bodegas privadas de Castilla-La Mancha (VINOS CLM) y Asevex de Extremadura, ha rechazado la destilación obligatoria «a coste cero» aprobada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Así lo ha explicado la Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha (VINOS CLM) en un comunicado en el que detalla las razones que le motivaron a votar en contra de esta medida aprobada el pasado 9 de julio, al igual que lo hicieron -ha detallado-, UPA y la Asociación Española del Vinagre.
Esta medida, «en los términos que se conocen, y a falta de conocer su redacción definitiva, traslada inseguridad en los mercados, afecta negativamente a los precios», «fomenta la inseguridad en el comercio» y «conlleva un perjuicio gravísimo para las bodegas privadas«.
Ha indicado que el acuerdo fue rubricado por el Magrama «con el apoyo de ADEVIN, cooperativas, FEV, ASAJA y COAG«, pero no por la Asociación empresarial que representan porque, según han matizado en el mismo comunicado, «en un ejercicio de responsabilidad sectorial». En opinión de esta asociación, al aplicarse con cargo a la campaña anterior, las bodegas privadas que han pagado las uvas a un precio ahora tienen que destilar a coste cero y con pérdidas de portes y transformación.
«A diferencia de las cooperativas, que pueden liquidar a sus socios a menor precio, las bodegas privadas que ya han pagado la uva tendrán que asumir pérdidas por una situación que no han creado», ha apostillado en el mismo comunicado.
En su opinión, «es injusto que se penalice a las bodegas privadas por las sobreproducciones de los agricultores, que paradójicamente ya han cobrado su uva y a los que esta medida no les afecta». Ha añadido que «se penaliza a los operadores que más venden» y, así, al establecerse la penalización sobre los excedentes, la bodega que haya vendido toda su producción (e incluso el doble) pero haya comprado más y tenga existencias a 31 de julio sin vender en el corto plazo «será requerida para destilar lo no comercializado».

Asociación Empresarial Vitivinícola de CLM: «cualquier medida que se apruebe debería hacerse hacia la campaña futura, con un análisis riguroso de sus posibles efectos y con consenso del sector de Castilla-La Mancha, que es la única región a la que se aplicaría».

«Entendemos que es cuestionable jurídicamente esa decisión. No es posible que se penalice a los operadores que contribuyen a comercializar cada campaña las producciones obtenidas, y que ayudan a otros operadores a dar salida a su producción», ha aseverado. Ha remarcado que se va a obligar a «destruir» vino incluso con coste para el operador pero «el vino de Castilla-La Mancha ahora mismo no tiene precio, lo que favorecerá la presencia de especuladores y de compradores de otros países que tienen producto casi regalado».
También ha señalado que con la medida «no se soluciona el problema de capacidad para asumir la entrada de uva de la nueva campaña, por cuanto los alcoholeros no empezaría con esta medida hasta que acabasen con los orujos».
«Esta medida puede afectar gravemente a las operaciones comerciales ya firmadas, y a los calendarios de retiradas de producto«, ha argumentado.
En este contexto, entienden que «cualquier medida que se apruebe debería hacerse hacia la campaña futura, con un análisis riguroso de sus posibles efectos y con consenso del sector de Castilla-La Mancha, que es la única región a la que se aplicaría».
En todo caso, ha reiterado la voluntad de la Asociación Empresarial Vitivinícola «de colaborar en medidas que favorezcan al sector y que cuenten con el apoyo de todas las organizaciones, y sus asociados».

Unión de Uniones: «la destilación obligatoria castiga al sector»

La Unión de Uniones considera que la medida de destilación obligatoria sin ayudas que el Ministerio de Agricultura ha pactado con Cooperativas Agro-alimentarias, ASAJA, COAG y la FEV, no sólo no representa ningún apoyo al sector sino que es, de hecho, una penalización al mismo por haber tenido una buena cosecha y castiga al sector sin reactivar mercados, ni aliviar la situación de cara a la próxima vendimia.
La Unión de Uniones considera que la única medida que podría haber contribuido a reactivar el mercado del vino y a hacer hueco en los depósitos para la próxima cosecha habría sido una destilación voluntaria apoyada con fondos del Ministerio para que, sobre todo las entidades cooperativas pudieran haberse deshecho en condiciones razonables de la parte de su producción almacenada de peor salida comercial. No obstante, expone Unión de Uniones, «el Ministerio ha hecho pública su negativa a aportar ninguna financiación a una medida de este tipo y en su lugar ha aprobado, con el beneplácito de Cooperativas Agro-alimentarias y algunas organizaciones agrarias, una destilación obligatoria para quienes hayan tenido rendimientos muy por encima de la media de años pasados y cuyo coste tendrá que ser asumido por los productores». Dicha medida, que califica de «ineficaz además por las fechas en las que podrá ponerse en marcha, es en realidad una penalización al sector y sienta un peligroso precedente de cara a próximas campañas».
En todo caso, de llevarse a cabo, la Unión considera indispensable, que tanto el vino destinado a la quema como el alcohol obtenido para usos industriales «se marquen por cualquier procedimiento que garantice que ni uno ni otro se desvían a los mercados normales».

Joan Santó: «los mismos que hace 10 meses se felicitaban de haber colocado a España como primer productor mundial, hoy castigan al sector precisamente por ese motivo. Algo no funciona bien cuando se permite que una buena cosecha suponga un drama para los viticultores y para sus cooperativas».

Joan Santó, responsable de la sectorial vitivinícola de la Unión de Uniones, ha declarado que “los mismos que hace 10 meses se felicitaban de haber colocado a España como primer productor mundial, hoy castigan al sector precisamente por ese motivo. Algo no funciona bien cuando se permite que una buena cosecha suponga un drama para los viticultores y para sus cooperativas”. Argumenta que “ahora es fácil cargar las tintas contra los viticultores; pero nos limitamos a buscar la rentabilidad de nuestras explotaciones con las normas que marca la Política Agraria y en los mercados que esas normas definen”. Se refiere Santó a que las autoridades y administraciones públicas deciden la Organización Común del Mercado, la desaparición de los derechos de plantación, la apertura de mercados a vinos que no cumplen las exigencias europeas, el mantenimiento de la chaptalización y los impuestos que gravan los inputs y las producciones, por ejemplo.
La Unión va a estudiar con detenimiento otras medidas propuestas por el Ministerio como la vendimia en verde y la regulación de rendimientos. No obstante, cualquier esfuerzo de autorregulación del sector será inútil si no se ejerce, mediante la adecuada trazabilidad, un seguimiento de las importaciones de vinos procedentes de terceros países, innecesarias en un mercado excedentario y con caldos de todo tipo y precio, pero que tienen un comportamiento hostil sobre el mercado interior y exterior y cuyo circuito comercial no se identifica.
Por otro lado, la Interprofesional que el Ministerio está promoviendo y tal y como se está gestando no es garante en absoluto de un mejor funcionamiento de la cadena en el sector. “Si quienes quieren arrogarse la representación de los viticultores en esa interprofesional son los mismos que, sin consultarles, han dado el pláceme a la destilación obligatoria del Ministerio, miedo nos da lo que puedan aprobar si es que esa interprofesional llega a constituirse” ha concluido Santó, apuntando además que “desde luego, a nosotros, no nos representan”.

Soriano rechaza las críticas y pide respeto por el acuerdo mayoritario

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha rechazado el 16 de julio las críticas que tanto la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Asociación de Vinos de España han realizado estos días a la destilación obligatoria «a coste cero» aprobada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).
Soriano ha comentado que «respeta todas las opiniones», si bien ha defendido que las medidas adoptadas se tomaron por el acuerdo de la mayoría de los que se encontraban sentados en la mesa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En este sentido, la consejera ha pedido «respetar» el acuerdo mayoritario que, ha señalado, se tomó «en beneficio del sector».
Para la consejera, además de estas medidas, en Castilla-La Mancha se están adoptando otras para evitar situaciones como la vivida este año y que pasan por la creación de la Interprofesional del Vino. En su opinión, esta entidad trabajaría para «impedir» que se produzcan situaciones como la que se ha tenido en esta última campaña y para regular en el futuro las producciones de forma que las cosechas se adapten a las necesidades del mercado y, sobretodo, orienten las producciones hacia la calidad.