La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, señala su disconformidad en aspectos como el aprovechamiento del potencial productivo que tiene el país. Desde Unión de Uniones destacan que el potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3% desde 2001, con 14.505 hectáreas perdidas por esta vía de limitación a nivel estatal desde 2016. Además critican el retraso con el que se ha publicado el RD y pide diligencia a las Comunidades Autónomas para que no haya bloqueos en las concesiones.
El Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre por el que se regula el potencial de producción vitícola recoge parte de los planteamientos que ha ido desgranando a lo largo de los sucesivos borradores Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Asuntos como una mayor consistencia en los criterios de admisibilidad, consideración de los viticultores en los criterios de prioridad, límites a las hectáreas solicitadas…, pero este grupo manifiesta la necesidad de que se consideren otros principios sobre los que se debería sustentar el sistema de reparto de nuevas autorizaciones.
Unión de Uniones, quien ya se reuniera con los responsables sectoriales y presentara alegaciones al borrador de este RD, señala su disconformidad en algunos aspectos reivindicados por la organización, como el aprovechar el potencial productivo que tiene el país.
El potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3% desde 2001, con 14.505 hectáreas perdidas por esta vía de limitación a nivel estatal desde 2016
En este sentido, el mecanismo de nuevas autorizaciones está limitado anualmente a un máximo del 1% de la superficie vitícola nacional plantada, equivalente a unas 9.500 hectáreas cada ejercicio. Sin embargo, el Ministerio, aconsejado por la Organización Interprofesional del Vino de España *, señala que se autoricen solo nuevas plantaciones aproximadamente por la mitad de esa superficie, cuando, según Unión de Uniones, no sería ningún problema para el mercado llegar al 100%, máxime cuando el potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3% desde 2001, con 14.505 hectáreas perdidas por esta vía de limitación a nivel estatal desde 2016.
Regionalizar la asignación de superficies entre las CC.AA
Por otra parte, siguen sin aprovecharse los márgenes de la reglamentación comunitaria que permitirían diseñar políticas vitivinícolas adaptadas a la diversidad del país, regionalizando en la medida de lo posible la asignación de superficies entre las CCAA. Unión de Uniones considera que cada territorio debería poderse servir de este mecanismo para desarrollar una política vitivinícola acorde a su modelo de explotación vitícola y de comercialización.
Igualmente, Unión de Uniones considera que la gran mayoría de las más de 90 DOP existentes en el Estado no se están implicando lo suficiente. Siguen sin planificar el futuro de su masa vegetal por la falta de capacidad del Ministerio a la hora de promover estos procesos, indican desde la organización. Por lo que indican que será de prever que, de nuevo, será exiguo el número de dichas entidades que presentarán limitaciones y restricciones en sus ámbitos territoriales de actuación.
Unión de Uniones valora positivamente que este RD priorice a los agricultores profesionales y aleje a los “paracaidistas” del sector, definiendo unos criterios de admisibilidad más precisos, rigurosos y exhaustivos de cara a demostrar la profesionalidad en el cultivo. Considera también positivo el establecimiento de un límite de 5 hectáreas en la admisión de solicitudes en línea con lo establecido en el Reglamento Ómnibus aprobado el mes de diciembre pasado, lo que supone un reparto más social de la superficie productiva.
Finalmente, el retraso con el que se publica la norma deja escaso plazo a las DOP para cumplir los tiempos marcados en la presentación de los Estudios que permiten justificar las limitaciones y restricciones de superficies de viña (la OIPVR y la DOCa Rioja, la DOP Cava,… son ejemplos palpables). Unión de Uniones pide al Ministerio la máxima diligencia para que no haya bloqueos en la definición de los marcos legislativos y a las Consejerías una mayor concreción del procedimiento de concesión.
* Comunicado de la Organización Interprofesional del Vino de España respecto a esta información de Unión de Uniones
Con relación al comunicado de la organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos sobre el potencial productivo vitivinícola, en el que se señala que esta Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha “aconsejado” al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre el porcentaje de superficie vitícola a autorizar anualmente, desea manifestar que esa afirmación es falsa.
La legislación comunitaria y española (Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola) otorga la potestad a las “Organizaciones Interprofesionales” que operen en el sector de hacer recomendaciones sobre limitaciones a nuevas plantaciones (Artículo 7) o sobre restricciones a la replantación (Artículo 18). A pesar de ello, OIVE no ha emitido recomendación alguna al Ministerio en las campañas vitivinícolas de 2017/2018 y 2018/2019 al respecto.
Esta potestad sí fue ejercida por OIVE en el primer año de funcionamiento del sistema 2016/2017 manifestando una posición prudente ante el nuevo mecanismo para nuevas plantaciones en la que se tuvo en cuenta los derechos de plantación pendientes de conversión en nuevas autorizaciones en aquella fecha.
OIVE tiene en cuenta la diversidad del viñedo español con una problemática diferente en sus zonas de producción y muestra, además, el máximo respeto a las recomendaciones que se lleven a cabo por parte de las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas, según se establece en el mencionado Real Decreto.
