La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha remitido sus alegaciones a la propuesta de resolución del Ministerio de Agricultura que fija en un 0,6% el porcentaje a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2015 que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones en 2016, lo que equivale a 5.752 hectáreas.
Esta organización de agricultores cree que el porcentaje de nuevas plantaciones debe ser «lo más próximo a 0, al menos para el primer año de aplicación». La normativa europea (Reglamento 1308/2013) establece que el incremento anual de superficie de viñedo debe oscilar entre el 0 y el 1%. “En 2016 el incremento debería quedarse en un 0,001%”, han señalado fuentes de UPA.
UPA fundamenta su rechazo a nuevas plantaciones en las perspectivas de mercado: la producción en los últimos años tiene una tendencia alcista, con producciones medias anuales de más de 40 millones de hectolitros, a pesar de la menor superficie de viñedo a nivel nacional –de 1,15 millones de hectáreas en 2000 a 0,96 millones en 2015.
“Los precios del vino ya están lo bastante hundidos”, explican desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El bajo precio del vino en las últimas campañas, y en especial el de las uvas destinadas a transformación, hace temer que autorizaciones de nuevas plantaciones, más allá de las provenientes de los derechos de plantación, supongan una mayor presión a la baja en dichas cotizaciones, con el correspondiente perjuicio para la renta de los viticultores, ya de por sí muy perjudicados por los datos de renta del 2015 (estimación del Magrama DIC-2015): con un descenso del valor de un 7,8 % (segundo sector agrícola en pérdidas).
“El descenso paulatino del consumo tampoco invita a plantar más cepas”, aseveran en UPA. El consumo de vino en España ha descendido desde 14,4 millones de hectolitros en el año 2000, a 10,4 millones de hectolitros en 2010 y hasta 9,81 millones de hectolitros en 2014. En este escenario, “apostar por incrementar nuevas superficies a través del sistema de autorizaciones nos parece bastante temerario”.
“Las exportaciones se han incrementado, sí, pero a qué precio”, explican. Según UPA lo han hecho a costa de los precios más bajos por litro en el mercado internacional -poco más de un euro por litro y alrededor de 0,40 euros/litro si consideramos el vino a granel-, lo cual se traslada a unos precios muy bajos en las uvas para transformación.
La existencia de una cartera de derechos de plantación cifrada en 68.051 (a 31 de julio de 2015) supone un factor muy a tener en cuenta ante las próximas plantaciones que se podrían efectuar en 2016, sobre todo teniendo en cuenta que a 31 de julio de 2016 caducan 14.748 y otros 10.884 en julio de 2017, aparte de los 42.419 restantes, que aunque su caducidad es mayor, también se pueden utilizar para plantar una parte de ellos en el presente año, muchos de ellos comprometidos con los planes de reestructuración.
Por tanto, la previsión de nuevas plantaciones a partir de estos derechos en cartera, que pueden incrementar notablemente nuestro potencial productivo, de momento en 2016, haría no recomendable la autorización de nuevas plantaciones, “si no queremos provocar un mayor hundimiento de precios tanto de la uva como del vino”. Además, existe el problema de la falta de plantas y su encarecimiento, que se vería aún más agravado si se autorizan nuevas plantaciones.
“Las explotaciones de carácter familiar, mayoritarias en nuestro país, serían las más dañadas por este incremento de la superficie”, concluyen desde UPA.